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Recientemente publicamos un artículo sobre la cabina nebulizadora de dióxido de cloro de la empresa Intiai, promocionada en diversos medios como eficaz contra el coronavirus por el científico y divulgador José Antonio López Guerrero, y que según su publicidad original pretendía rociar ese tipo de lejía sobre personas, tal y como mostraron en un vídeo de presentación en Telemadrid. El aparato, con pretendido valor para frenar los contagios del SARS-CoV-2, saldría en un futuro a la venta por unos 15 000€ la unidad, según comunicó la empresa por diversos medios [1]. Además, también publicamos la respuesta de la empresa, que no aportó ningún documento que pudiera cuestionar nuestras afirmaciones, que entre otras cosas incluían que la empresa habría tergiversado, exagerado e incluso inventado algunos datos en su web y material promocional [2].
En este contexto, uno de los puntos importantes de la historia sería conocer el contrato de colaboración entre la entidad privada y el laboratorio del investigador, y saber qué papel jugaba en todo esto el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), lugar donde se presentó el producto y que la empresa utilizó como aval frente a la prensa para promocionarlo.
No obstante, esta revista no ha podido acceder a ese convenio para saber el papel jugado por la administración pública. A todos los efectos, parece ser que lo ocurrido no podrá entenderse, ni tampoco las cantidades cobradas por el laboratorio ni cómo fue posible que un producto con semejantes lagunas en sus propiedades técnicas apareciera ligado a un centro de referencia del CSIC. Y todo ello a pesar de involucrar la historia a un centro de investigación público, una fundación ligada al mismo como viene a ser la Fundación Severo Ochoa, un investigador de una universidad pública y los recursos científicos de la administración.
Tirando del hilo
Teóricamente, los convenios firmados entre la administración pública y las empresas privadas deben ser públicos y estar disponibles en la web de transparencia del organismo competente. Por ese motivo nos remitimos a la Fundación Severo Ochoa, quien supuestamente habría intermediado en el convenio entre el laboratorio de José Antonio López Guerrero —dentro de la Universidad Autónoma de madrid— y la empresa Intiai, cosa que llevó a la presentación de un producto en el CBMSO del CSIC. La Fundación Severo Ochoa está integrada físicamente dentro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. En ambas instituciones —la fundación y el centro del CSIC— Lourdes Ruiz Desviat ocupa puestos de relevancia: es la secretaria del patronato y la directora del centro de investigación. Esto es relevante ya que al preguntar a la fundación por el convenio, fue la misma Lourdes Ruiz quien nos contestó que no iban a darnos la información que pedíamos, que además no estaba tampoco disponible en ningún portal de transparencia.
El motivo alegado para no dar los datos económicos ligados al convenio era que la fundación es privada —a pesar de estar dentro del CBMSO y recibir financiación pública—, así que, aunque involucraba a investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y a un centro del CSIC, como ellos eran una entidad privada, no estaban obligados a obedecer la ley de transparencia. Como era de esperar, el laboratorio implicado en el convenio y la empresa tampoco contestaron a nuestro requerimiento. Y de nada valió reclamar al organismo de transparencia de la Universidad Autónoma de Madrid —donde se encuentra el laboratorio en cuestión—, puesto que la universidad se acogió a la Ley de Transparencia para decirnos que, como ellos no tenían el convenio, no nos lo podían dar y por eso rechazaban nuestra petición.
Con el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid no fue mucho mejor, puesto que rechazaron la petición por el mismo motivo, indicando que remitirían nuestra petición a quien correspondiera. Y la experiencia fue similar con el Portal de Transparencia del Estado, que acabó por responder que al ser la Fundación Severo Ochoa una entidad privada, no se podía hacer más.
Receta para construir un convenio opaco
Así pues, parece ser que la receta para poder hacer convenios opacos desde la administración pública, y por lo tanto inescrutables por parte de quien quiera verificar qué está ocurriendo, es sencilla. En primer lugar, hay que crear una fundación albergada dentro de la propia administración pública, usando sus recursos y compartiendo personal con el centro en cuestión. No obstante, la fundación debe quedar reflejada como privada, aunque no tenga ánimo de lucro y esté, de facto, dentro de un edificio público.
Una vez ya tienes creada tu fundación, si se desea hacer un convenio opaco entre una empresa y un laboratorio de la universidad pública, que además involucre a un producto de dudosas propiedades y a un centro de investigación público, lo único que hay que hacer es que sea la fundación quien haga de intermediario. De este modo, pase lo que pase, se pague a quien se pague, se ceda la imagen de quien sea o se usen instalaciones públicas, todo quedará en casa y al resguardo de las miradas indiscretas.
[1] Los “productos milagrosos” de José A. López Guerrero en el CBM Severo Ochoa
[2] Las falsedades publicitarias de la cabina anticoronavirus
Fernando Cervera Rodríguez es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, donde también realizó un máster en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud. Su labor investigadora ha estado centrada en aspectos ligados a la biología molecular y la salud humana. Ha escrito contenidos para varias plataformas y es redactor de la Revista Plaza y de Muy Interesante. Ha sido finalista del premio nacional Boehringer al periodismo sanitario y ganador del Premio Literario a la Divulgación Científica de la Ciutat de Benicarló en el año 2022. También ha publicado un libro con la Editorial Laetoli, que trata sobre escepticismo, estafas biomédicas y pseudociencias en general. El libro se titula “El arte de vender mierda”, y otro con la editorial Círculo Rojo y titulado “A favor de la experimentación animal”. Además, es miembro fundador de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas.