El miércoles 6 de mayo, durante una rueda de prensa, un periodista preguntó a Fernando Simón —actual cabeza visible del gobierno en la lucha contra la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2— por la composición del grupo que analiza las peticiones al gobierno para pasar de una fase a otra en las diferentes comunidades autónomas. La sorpresa llegó cuando Simón se negó diciendo que no iba a responder «porque en todo este proceso las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad».
La cuestión relevante es que la ley, de hecho, obliga al gobierno a revelar la identidad de ese grupo al cual se le presuponen conocimientos técnicos y de los cuales, entre otras cosas, depende la vida de miles de personas. En concreto, la Ley General de Salud Pública, en su artículo 11, indica que será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.
Nuestra revista, en virtud de ese artículo y ejerciendo nuestro papel como informadores en un estado con libertad de prensa y supuestos mecanismos de transparencia, se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad a través de cauces oficiales para pedir esa información, y también se nos negó esa información diciendo que un conjunto de profesionales se encarga de ello, sin entrar en la composición, formación o declaración de conflictos de intereses de sus miembros.
Ahora bien, existen excepciones a la hora de revelar ciertos datos siempre y cuando el gobierno justifique que hacerlo puede afectar a la seguridad nacional. Se le recordó esta obligatoriedad al ministerio a través de otra misiva, y dejaron de contestar. Es más, incluso si el gobierno justificara su negativa a revelar la composición de ese comité por motivos de seguridad nacional —cosa harto complicada e inaudita—, eso no excluiría decir, entre otras cosas, el procedimiento de selección que han llevado a cabo o la declaración de intereses por si hubiera conflictos. Esto es relevante, pues como ya hemos hablado en esta revista otras veces, los conflictos de intereses de comités científicos son un auténtico problema de salud pública [1]. Y a todas luces parece que está habiendo un conflicto de intereses en la toma de decisiones [2]. ¿Cómo poder evaluarlo si los mecanismos de transparencia, tan necesarios en temas de salud pública, han desaparecido en su totalidad?
La respuesta de Fernando Simón y del ministerio carece a todas luces de sentido, pues no se puede justificar el quebranto de las leyes de transparencia mediante una falacia de extremos, a saber, que alguien podría influir o afectar a las decisiones mediante presiones. ¿No es igualmente posible que por no saber la composición del comité esté politizado? ¿O que haya técnicos con conflictos de intereses? ¿O que se tomen decisiones políticas en lugar de sanitarias? En definitiva, cada día que pasa el gobierno sin cumplir la debida rendición de cuentas frente a su sociedad, se agrava una ausencia de transparencia científico-sanitaria sin precedentes en nuestra democracia. Y nada —repito, nada— puede justificar el abandono de unas leyes de transparencia vitales para el desarrollo de la democracia y la toma de decisiones que pueden afectar a la vida de cientos de miles de personas.
[1] Miembros del comité asesor de vacunas – Pagos de GSK
[2] Convicción en Valencia de que la decisión de la Fase 0 ha sido política y no técnica
Fernando Cervera Rodríguez es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, donde también realizó un máster en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud. Su labor investigadora ha estado centrada en aspectos ligados a la biología molecular y la salud humana. Ha escrito contenidos para varias plataformas y es redactor de la Revista Plaza y de Muy Interesante. Ha sido finalista del premio nacional Boehringer al periodismo sanitario y ganador del Premio Literario a la Divulgación Científica de la Ciutat de Benicarló en el año 2022. También ha publicado un libro con la Editorial Laetoli, que trata sobre escepticismo, estafas biomédicas y pseudociencias en general. El libro se titula “El arte de vender mierda”, y otro con la editorial Círculo Rojo y titulado “A favor de la experimentación animal”. Además, es miembro fundador de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas.
La Abogacía del Estado respalda la suspensión del acceso a información pública por el estado de alarma.
«(…) la Dirección General de Gobernanza Pública, que gestiona el Portal de Transparencia (…) consultó tanto a la Abogacía General del Estado como al Abogado del Estado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública dos cuestiones: si estaba aplicando correctamente la disposición adicional tercera del Real Decreto que estableció el estado de alarma al interrumpir las solicitudes de acceso y qué debía hacer con las peticiones que le llegasen desde el Consejo de Transparencia para avanzar en los procesos de reclamación contra denegaciones de acceso a información pública.
La Abogacía General del Estado contestó que el procedimiento de acceso a la información pública debe suspenderse tanto en lo que se refiere al trámite de petición como el procedimiento de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Solo podrá reanudarse, nunca reiniciarse, una vez finalice el estado de alarma. Así figura en los dos documentos que han sido publicados hoy en el Portal de Transparencia».
https://datadista.com/coronavirus/suspension-plazos-transparencia-covid19/
Ahí me estás hablando del portal de transparencia, no de las leyes de transparencia. Las leyes, de hecho en un estado de alarma con restricción de libertades, son de vital importancia, sobre todo las de transparencia.
No justifico la ocultación de información. Pero si hemos asistido no hace tanto y en circunstancias normales a precedentes inquietantes con fines de amedrentamiento (https://www.publico.es/sociedad/vox-violencia-machista-vox-pide-junta-andalucia-nombres-apellidos-personas-servicios-violencia-genero.html, o https://www.publico.es/sociedad/ensenanza-publica-denuncian-campana-intimidacion-profesorado-publica-comunidades-pp-cs-gobiernan-vox.html), no me parece descabellado pensar que la tensa situación del presente estado de alarma provoque, más que afán de ocultación, cierto grado de precaución a la hora de facilitar este tipo de datos (nombres de especialistas médicos y/o científicos -ajenos a la política-).
Y entiendo también que la labor de los medios de comunicación debe ser solicitar a los poderes públicos esa información.
Al final, la explicación más sencilla resultó ser la correcta: el gobierno mentía, la decisión fue política, no técnica. Por esto es importante que las leyes de transparencia se cumplan y no se justifique su incumplimiento. https://m.europapress.es/nacional/noticia-sanidad-nego-comite-expertos-decidiera-desescalada-cuando-transparencia-le-pregunto-nombres-20200728175427.html